Es tragicómico oír a los integrantes de Cambiemos (UCR, Pro y allegados) cuando intentan endosar la autoría del tarifazo eléctrico a la empresa EDELAR (ineficaz en el servicio pero muy eficiente en la recaudación). Aquellos eluden toda responsabilidad del gobierno de Macri y sus Ceos, en este caso Aranguren, en el aumento salvaje de las tarifas de la energía eléctrica para todo el país y al cual deben adecuarse generadoras, transportadoras y distribuidoras.
TODO PRECIO ES POLÍTICO.
Ya nadie lo duda: ha sido el gobierno de Macri y su Ministro de Energía, el CEO Juan José Aranguren, quienes agravaron la crisis energética y social al decretar aumentos exorbitantes al precio de la energía. Esto afecta considerablemente los ingresos y la subsistencia de las familias en riesgo social y significa la destrucción de la pequeña y mediana empresa industrial y comercial e instituciones que no pueden afrontar sus gastos. La cuestión es muy sencilla: El gobierno, en diciembre de 2015, decretó la emergencia energética debido al “supuesto “delicado estado de la red de distribución y los problemas de generación que se suman a un presunto atraso tarifario, lo cual las empresas distribuidoras venían reclamando desde hace años. Todo eso generó un efecto dominó, el cual se disparó con una “solución” muy fácil: un brutal tarifazo, con un promedio de 500%. El mismo se comenzó a facturar desde el mes de febrero del 2016, e impactó de lleno durante ese año y el corriente, en un todo acorde a una política de transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía. Por ello cabe la pregunta, dicha transferencia -como la condonación de 19.000 millones de pesos a la eléctricas, quien la paga?. Respuesta: LOS USUARIOS. El aumento tarifario en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución quien lo paga? LOS USUARIOS. De la progresiva quita de subsidios, quien se lleva la peor parte? LOS USUARIOS, mientras los subsidios a las empresas eléctricas se mantienen y/o aumentan. Paralelamente, se niega sistemáticamente información respecto a la composición del precio de generación, conociéndose solo el monto final, las eléctricas siguen haciendo formidables negocios, como parte de la sociedad del gobierno de Macri.
Los funcionarios de Cambiemos en La Rioja devenidos en ambientalistas e indiferentes al saqueo, solo se miran el ombligo. Al menos deberían asumir su proyecto político, que implementa medidas de impacto traumático, como lo es generar una energía para pocos. Sino infórmense al menos, que entre las causas del cierre de 6.400 pequeñas y medianas empresas y otros 27.000 comercios en todo el país, se deben a los altísimos costos de las tarifas de energía eléctrica, gas y agua, además de una inflación galopante y una retracción en los consumos populares como jamás se viera en Argentina. El efecto combinado de estos factores, potencia dramáticamente la desaparición de muchas pymes, la precarización laboral y el empobrecimiento energético y alimentario. Al generar este precio exorbitante el gobierno nacional responde al proyecto político de alta rentabilidad para sus empresas y de empobrecimiento para la población.
POBREZA ENERGÉTICA
Dijo González Fraga: “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. Mientras que Aranguren insinuó que el sistema tarifario anterior, nos llevó a los argentinos a la ilusión de la energía subsidiada.
Estos conceptos no son aislados, por el contrario son fundantes del proyecto que hoy gobierna en la Argentina, cuyo efecto inmediato -entre otros - es el aumento de la pobreza energética. La misma surge al desplomarse los ingresos de las familias, los que no alcanzan para pagar la energía suficiente que permita cubrir la satisfacción de sus necesidades básicas. Se agrava con el pago obligado de la factura energética. El porcentaje proporcional del presupuesto familiar destinado al pago de la misma, se incrementa en detrimento de la alimentación. Tanto la definición conceptual como el abordaje, tratamiento y las posibles soluciones a las problemáticas referidas a la pobreza energética son tema de agenda y debate en toda América Latina. Sin embargo, creemos que esta delicada situación no tardará en llegar a millones de familias argentinas, víctimas directas de la quita de subsidios y el mega-tarifazo eléctrico vigente desde febrero de 2.017 (sumado al del año 2.016). En tanto, el conocimiento y análisis de este lamentable indicador resulta indispensable a la hora de contabilizar el tendal de “nuevos pobres” que el Macrismo dejará a su paso.
Se estima que el 34 por ciento de los hogares de Argentina padece pobreza energética, como parte de la pobreza general. En este contexto, los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos y se consideran “pobres energéticos” si la proporción del ingreso disponible que deben destinar para satisfacer los requerimientos de la canasta energética supera el 10 por ciento. Mientras el poder adquisitivo del salario promedio argentino cae, producto de la grave crisis económica, el aumento en las tarifas energéticas es cada vez mayor. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 500% desde 2016, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según diversos estudios, incluso oficiales En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 1,4 % en 2015 se ha pasado al 12% en 2017.
Ante el creciente problema de la pobreza energética, el gobierno de Macri y sus ceos, no hacen más que desoír, irresponsablemente el justo reclamo de vastos sectores de la población (organizados y NO) que intentan mitigar sus consecuencias. Mientras países como Bolivia, Ecuador y otros desarrollan políticas integrales de facilidades a las familias que no pueden pagar la luz y el gas necesarios, para garantizar la habitabilidad de su vivienda, como así también para inversores que se instalan en parques industriales.
Les guste o no durante los 12 años del Kirchnerismo, la energía subsidiada (como ocurre en muchos países desarrollados) favoreció tanto a hogares en condiciones de vulnerabilidad como a micro, pequeñas y medianas empresas, e instituciones que generaron gran cantidad de puestos de trabajo, y ha sido un factor fundamental para generar un círculo virtuoso de la economía que actuó a favor de los ingresos de los hogares argentinos.
EDELAR SOLO RECAUDAR.
La empresa local EDELAR que se supone, está para garantizar un buen servicio de distribución, es parte corresponsable de esta situación, emitiendo facturas vergonzosas y directamente confiscatorios de los ingresos de los riojanos. Desde marzo del año pasado viene aplicando incrementos progresivos en la tarifa eléctrica, hasta llegar a la actual situación. Lo lamentable es que los usuarios del servicio se encuentran totalmente desprotegidos, puesto que no hubo una política del gobierno provincial de resolver semejante tarifazo. Además no hubo organismo alguno como la Cámara de Diputados, Concejales, el Ejecutivo a través del Ministerio de Infraestructura, o el Eucop, que hayan tomado el toro por las astas para aplicar una tarifa razonable y acorde a la situación actual de los ingresos de los hogares riojanos. Tampoco se implementó el cargo de Defensor del Pueblo de La Rioja incluida su infraestructura, función prevista en la constitución provincial. Una posible solución sería retrotraer las tarifas al menos a marzo del año pasado y no aplicar el precio del KW/H de $ 640 al que nos han sometido.
ES NUESTRO DEBER COMO CIUDADANOS
Debemos sumarnos, convocar y ser parte activa de las distintas acciones que se organizan desde los sectores afectados y organizaciones sociales. En este marco exigir a los diputados, una ley anticortes (y no una moratoria de pago) que brinde garantías que los hogares riojanos, no sufrirán la interrupción del servicio debido a la falta de pago, porque resulta imposible abonar una factura que compromete sensiblemente los ingresos, y el derecho a una alimentación digna o que sencillamente son impagables. Hoy la obligación del gobierno provincial y Municipal es que disponga de los organismos desde el Ministerio de Infraestructura hasta el fiscal de Estado, Defensa del Consumidor del Municipio para suspender este tarifazo eléctrico definitivamente.
MESA PROVINCIAL DEL FRENTE GRANDE
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