jueves, 23 de marzo de 2017

Si el Gobierno no escucha, esto no se soluciona



CIENTOS DE MILES DE DOCENTES DE TODO EL PAÍS RECLAMARON EN PLAZA DE MAYO QUE EL PRESIDENTE CONVOQUE LA PARITARIA NACIONAL PAGINA 12

La Marcha Federal y el paro docente de 48 horas concluyeron con una multitudinaria manifestación. Los dirigentes sindicales le exigieron a Macri “que cumpla con la ley” y abra la negociación paritaria. El jueves 30 habrá nuevas medidas de fuerza.
stamos acá para decirle al Presidente que cumpla con la ley. Que respete una ley votada por el Congreso, una ley por la que nosotros militamos, por la que llevamos adelante luchas en todo el país, la marcha blanca del 88, la Carpa Blanca... Si el Gobierno no escucha el reclamo, este conflicto no se soluciona”, advirtió Sonia Alesso, titular de la Ctera, desde un palco que ayer juntó a los gremios docentes de todo el país. Los maestros llenaron la Plaza de Mayo para reclamarle a la administración macrista que convoque a la paritaria federal. Avisaron que mientras eso no suceda, van a continuar el plan de lucha. Como primer paso, la semana próxima, el jueves 30, harán una nueva jornada nacional, con paro y movilizaciones. 
Desde las vallas que rodean la Casa Rosada hacia atrás, todo el espacio quedó completamente a tope, densamente ocupado. “Les caímos en la plaza”, apuntaron desde el escenario.
Quien mirara desde la Pirámide de Mayo hacia la 9 de Julio sólo podía ver un mar de cabezas; era difícil medir a ojo la extensión de la protesta. El auxilio de un dron y sus imágenes aéreas dieron elementos menos discutibles: la manifestación se extendió en abanico, dos cuadras largas más allá de la plaza por la Avenida de Mayo y las dos diagonales. En el cálculo de los organizadores, la concentración reunió a 400 mil personas.

“El Gobierno dice que nos convoca al diálogo mientras nos aprieta. En Mendoza impusieron el ítem aula, en la provincia de Buenos Aires ofrecen un plus a los que no paren. Somos trabajadores, y por eso el diálogo con el empleador no se hace en una mesa de café, sino a través de una institución: la paritaria. No hay diálogo si no hay paritaria”, abrió su discurro el secretario gremial del Sadop, Pedro Bayúgar. Fue uno de los cinco oradores por los gremios con representación nacional, uno por cada federación. También hablaron dirigentes de las dos Conadu, que reúnen a los profesores universitarios, y estudiantes. 
Buena parte de los discursos estuvieron dirigidos a contestar los argumentos del ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien insiste en que la paritaria nacional no es necesaria, porque la Nación está mandando fondos a las gobernaciones y el piso salarial docente sube de manera automática con cada aumento del salario mínimo, vital y móvil.

“El ministro miente cuando dice que el salario inicial va a subir siempre, por automaticidad. Esa es una cláusula complementaria, que se refiere sólo a no quedar por debajo del salario mínimo vital y móvil, que no invalida la paritaria. Los docentes no somos estúpidos”, planteó Sergio Romero, de la UDA.
Otras intervenciones desmintieron que las provincias estén recibiendo fondos suficientes. O recordaron que, desde la asunción de Cambiemos, los presupuestos educativos pasaron a subejecutarse. “El país necesita un ministro de Educación, no un gerente de recursos humanos”, se quejó Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica. 

Todo el arco de los dirigentes docentes señaló que, tras el embate contra la paritaria y el recorte de los sueldos docentes, la intención es desresponsabilizar al Estado nacional de la educación pública.
“La operación del Gobierno no empezó ayer. No es desde la semana pasada que el Gobierno viene sosteniendo que la educación pública no sirve, que los maestros no estudian... desprecia a los científicos y a los universitarios. El Gobierno viene por la mercantilización, por eso nuestra tarea es difícil: es dar una batalla de ideas”, dijo Alesso, titular de Ctera.
Como manifestantes, los docentes son poco convencionales. Cuando empezaba un discurso, por ejemplo, hacían silencio, los bombistas dejaban de tocar. Los oradores era glosados, completados con comentarios desde abajo. 
“Si fuera por el Gobierno, ellos sacarían del mapa a la educación pública”, dijo por ejemplo Romero. 
“Obvio”, comentaron varias docentes. ¿Por qué es obvio?, le preguntó PáginaI12 a una de ellas. La maestra contó que trabaja en el Bernasconi, una escuela estatal porteña, considerada tradicionalmente de las mejores del distrito. “La escuela no encuentra suplentes, porque con este nivel de sueldos cada vez menos gente estudia para docente. Como no consigue, bajan los requisitos. Comenzaron por tomar a estudiantes con el 70 por ciento de las materias aprobadas y hoy ya están aceptando con el 40 por ciento... eso es resultado directo de los salarios bajos”, fue la respuesta. 
Cuando un discurso criticaba la subejecución educativa, abajo los comentarios apuntaron a la falta de escuelas. “En mi distrito tenemos 500 chicos sin vacantes”, apuntó Sandra, inspectora de Moreno. Agregó que en lugar de solucionar los problemas edilicios, les mandaron “aulas modulares” o containers. “Los chicos se van; ¿cómo se los puede contener así?” 
También había carteles argumentativos: “Maestros de grado con 10 años de antigüedad, $ 10.752 - Canasta Básica del Indec, $ 12.952”.  “Invertí en educación y no en represión - Más aulas, menos jaulas”. 
En la paritaria nacional, que Cambiemos se niega a convocar, se discutían hasta el año pasado tres temas: un salario inicial para todos los docentes del país (más allá de que luego lo deban pagar las provincias), los fondos nacionales destinados a que los distritos más pobres puedan afrontar ese costo y el monto del Fondo de Incentivo Docente, que también con recursos nacionales aporta una suma fija para mejorar los sueldos.
Alesso advirtió en este sentido que si el Gobierno no llama a la paritaria nacional, “el conflicto no se va a solucionar”. Aludió así a que las provincias no podrán afrontar solas el tema de los salarios docentes, pero también a que la cuestión es estructural para los gremios.
“Estamos acá para decirle al Presidente que cumpla con la ley, que respete la ley, una ley votada por el Congreso, una ley que nosotros militamos, marchamos, por la que llevamos adelante luchas provinciales en todo el país. Casi todos los que hoy estamos (dirigiendo los gremios) nos conocimos en esos años. Hoy venimos otra vez de hacer movilizaciones en todo el país, clases públicas, visitas a los vecinos, marchas de antorchas y otras acciones, que fueron construyendo esta gran marcha. Estamos acá para decir que los docentes no nos arrodillamos”, señaló la dirigente.
Alesso puso el reclamo en su dimensión histórica. Recordó cómo la Ley de Financiamiento Educativo fue el resultado de años de movilizaciones y lucha de los docentes. Puso en esta línea a la marcha blanca del 88, a la Carpa Blanca y a los muchos conflictos provinciales que se desplegaron hasta la sanción de las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo.
Los gremios anunciaron en este marco un nuevo paro con jornada nacional para el próximo jueves (día de la huelga convocada por las dos CTA) y anticiparon que se sumarán también al paro de la CGT del 6 de abril. 
Al palco, de espaldas a la Casa Rosada, subieron un centenar de dirigentes docentes de todas las provincias. Estela de Carlotto, la titular de Abuelas, Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, también se acercaron.
Dos chicas leyeron un documento consensuado por los estudiantes (“lean bien”, apuntaron desde abajo). “Es un derecho de los trabajadores negociar sus salarios, y los docentes no son la excepción”, leyeron las chicas. Como contraparte del ajuste en los sueldos, recordaron que los estudiantes también están sufriendo las consecuencias del recorte educativo. “El Conectar Igualdad entregó 100 mil computadoras en lugar de las más de 600 mil que debería haber distribuido. Y el desmantelamiento del Plan Fines dejó afuera a miles de compañeros que pierden la ilusión de terminar los estudios”.
Las adhesiones incluyeron al arco de gremios de estatales, judiciales, profesionales de la salud y sindicatos de la Corriente Federal como La Bancaria. Fabián Feldman, titular de CEA, observó: “Así como el docente fue el salario testigo de la Argentina, que no tengamos paritaria nacional puede convertirse también en un ejemplo: uno para que el Gobierno avance con medidas similares para el resto de los gremios. Esa es la responsabilidad que tenemos, no sólo por los docentes, sino por el conjunto de los trabajadores”.

Macri y una nueva agresión al pueblo argentino y van.



Desde La Juntada, espacio que agrupa a una diversidad de organizaciones populares de la provincia de La Rioja, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a las amenazas que sufrió el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel y su familia siendo víctimas de evidentes intentos de amedrentamiento mafioso. En el marco de las discusiones paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires, el dirigente sindical Roberto Baradel recibió amenazas desde un correo anónimo. Este hecho de cobardía nos recuerda los años más oscuros de persecución que ha vivido nuestro país, y que se replican en la intención actual de la alianza CAMBIEMOS PRO UCR CC de desactivar la lucha legítima de los trabajadores.
El presidente Macri, agredió gratuitamente al secretario de Suteba, (justamente en la inauguración de las sesiones del Congreso, (un hito en la vida democrática de nuestro país), con la expresión de: “Baradel no necesita nadie que lo cuide", ratificando que sigue fiel a su estilo burlón y perverso de Virrey y que viene ejerciendo desde que asumió, sumiso ante los poderosos y soberbio ante los trabajadores.
Esto no es casual, proviene de la matriz ideológica del gobierno, de disciplinar a los trabajadores y sus representantes, con su correlato de la eliminación de paritarias, suspensiones, despidos, salarios a la baja, tarifazos. Además queda a las claras que las amenazas y la campaña de difamación al gremialista en la redes, provienen del gobierno y al cual responsabilizamos por la integridad de la familia de Roberto Baradel.
Exigimos al gobierno nacional y a la gobernadora María Eugenia Vidal, tomar todos los recaudos y realizar la investigación necesaria para lograr identificar quién o quiénes están intentando entorpecer el derecho al justo reclamo. 
Asi también desde este espacio denunciamos y rechazamos el llamado al “voluntariado” que hiciera la Gobernadora Vidal, a cargo del El ex capitán Mariano A. Bronenberg quien participó en el nefasto Batallón 601 de inteligencia, el más poderoso de la dictadura cívico militar entre 1.976 a 1.983. No está demás denunciar públicamente, que este operador fue designado por Infobae y La Nacion como “el primer voluntario”. En una clara operación combinada de inteligencia y manipulación mediática de masas, el ex capitán Bronenberg lanzó su primer tuit a las 21hs pm del pasado 23 de febrero. A las 3hs am madrugada del dia siguiente, ya se podian contar 22.500 tuits de la cual el 87% eran retuits. A partir de esta operación al dia siguiente se propagandizo el voluntariado contra el paro docente. Y continuó ayer con la solapada amenaza que el mismisimo presidente Macri hizo en la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso. Como ya es su costumbre, lo hizo con un tono que pretendió ser gracioso, pero evidenció la burla, el sadismo y la impunidad que ya lo caracterizan. Es muy importante destacar que el operativo empezó con el primer tuit del agente Bronemberg, CONTINUA con la pretendida chanza de Macri en cadena nacional. TODO COMO UN SOLO PROCESO. Se acentuó ayer cuando el periodista militante Nicolas Wiñasky del canal de noticias TN, le  preguntó al Sr. Baradel si “era docente”, en una clara continuacion de las operaciones intimidatorias anteriores.  Es obligacion del campo nacional y popular y de cualquier ciudadano decente, darle fin en un marco de estado de derecho  a este poder criminal en las sombras y a la luz, desenmascarando a todos sus operadores. Tal "voluntariado" es violatorio de las elementales normas legales educativas, a lo que solicitamos se prohíba el ingreso a los establecimientos escolares de cualquier persona en carácter de voluntaria que no haya sido designada según las reglamentaciones y normativa vigente, a saber: Ley Nacional de Educación Nº 26.206 Artículo  67, Ley Nº 26.061 (Derechos del niño), Ley Nº 10579- Estatuto del docente vulnerando el justo derecho al reclamo por parte de los trabajadores de la educación. De igual modo el Gobierno de Macri y su princesa de la Provincia de Buenos Aires lanzaron una brutal y ridícula campaña a cargo de personajes oscuros provenientes del aparato represivo que asolo a nuestro país, al cual los medios adictos al macrismo lo mostraron en todos sus programas basura.
 En un contexto adverso el justo reclamo de los trabajadores por la garantía de los derechos laborales es irrenunciable y por nuestra historia vamos a defenderlos y sostenerlos por todo lo logrado en materia de derechos por los gobiernos populares y que los últimos 12 años se reafirmaron.
Repudiamos estas amenazas y expresamos nuestra solidaridad con Roberto Baradel, su familia y sus compañeros y compañeras de SUTEBA que luchan por la justa recomposición salarial y la dignidad de los trabajadores de la educación.
LA JUNTADA Octubres, Corriente Nacional Martín Fierro, Movimiento Peronista Autentico, Corriente Federal Descamisados, Peronismo Militante, Frente Grande, Peronismo 26 de Julio, La Cámpora, Movimiento Evita, Frente Ciudadano, Resistiendo con Aguante Chilecito,  Frente Transversal, FADICCRA,

TARIFAZO DE MACRI: EMPOBRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Es tragicómico oír a los integrantes de Cambiemos (UCR, Pro y allegados) cuando intentan endosar la autoría del tarifazo eléctrico a la empresa EDELAR (ineficaz en el servicio pero muy eficiente en la recaudación).  Aquellos eluden toda responsabilidad del gobierno de  Macri y sus Ceos, en este caso Aranguren,  en el aumento salvaje de las tarifas de la energía eléctrica para todo el país y al cual deben adecuarse generadoras, transportadoras y distribuidoras.

TODO PRECIO ES POLÍTICO.

Ya nadie lo duda: ha sido el gobierno de Macri y su Ministro de Energía, el CEO Juan José Aranguren, quienes agravaron la crisis energética y social al decretar  aumentos exorbitantes al precio de la energía. Esto afecta considerablemente los ingresos y la subsistencia de las familias en riesgo social y significa la destrucción de la pequeña y mediana empresa industrial y comercial e instituciones que no pueden afrontar sus gastos. La cuestión es muy sencilla: El gobierno, en diciembre de 2015, decretó la emergencia energética debido al “supuesto “delicado estado de la red de distribución y los problemas de generación que se suman a un presunto atraso tarifario, lo cual las empresas distribuidoras venían reclamando desde hace años. Todo eso generó un efecto dominó, el cual se disparó con una “solución” muy fácil:  un brutal tarifazo, con un promedio de  500%.  El mismo se comenzó a facturar desde el mes de febrero del 2016, e impactó de lleno durante ese año y el corriente, en un todo acorde a una política de transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía. Por ello cabe la pregunta, dicha transferencia -como la condonación de 19.000 millones de pesos a la eléctricas, quien la paga?. Respuesta: LOS USUARIOS. El aumento tarifario en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución quien lo paga? LOS USUARIOS. De la progresiva quita de subsidios, quien se lleva la peor parte?  LOS USUARIOS, mientras los subsidios a las empresas eléctricas se mantienen y/o aumentan. Paralelamente, se niega sistemáticamente información  respecto a la composición del precio de generación, conociéndose solo el monto final,  las eléctricas siguen haciendo formidables negocios, como parte de la sociedad del gobierno de Macri.
Los funcionarios de Cambiemos en La Rioja devenidos en ambientalistas e indiferentes al saqueo, solo se miran el ombligo.  Al menos deberían asumir su proyecto político, que implementa medidas de impacto traumático, como lo es generar una energía para pocos. Sino infórmense al menos, que entre las causas del cierre de 6.400 pequeñas y medianas empresas y otros 27.000 comercios en todo el país, se deben a los altísimos costos de las tarifas de energía eléctrica, gas y agua, además de una inflación galopante y una retracción en los consumos populares como  jamás se viera en Argentina.  El efecto combinado de estos factores, potencia dramáticamente la desaparición de muchas pymes, la precarización laboral y el empobrecimiento energético y alimentario. Al generar este precio exorbitante el gobierno nacional  responde al proyecto político de alta rentabilidad para sus empresas y de empobrecimiento para la población.

POBREZA ENERGÉTICA

Dijo González Fraga: “le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.  Mientras que Aranguren insinuó que el sistema tarifario anterior, nos llevó a los argentinos a la ilusión de la energía subsidiada.
Estos conceptos no son aislados, por el contrario son fundantes del proyecto que hoy gobierna en la Argentina, cuyo efecto inmediato -entre otros - es el aumento de la pobreza energética. La misma surge al desplomarse los ingresos de las familias, los que no alcanzan para pagar la energía suficiente que permita cubrir la satisfacción de sus necesidades básicas. Se agrava con el pago obligado de la factura energética. El porcentaje proporcional del presupuesto familiar destinado al pago de la misma, se incrementa en detrimento de la alimentación.  Tanto la definición conceptual como el abordaje, tratamiento y las posibles soluciones a las problemáticas referidas a la pobreza energética son tema de agenda y debate en toda América Latina. Sin embargo, creemos que esta delicada situación no tardará en llegar a millones de familias argentinas, víctimas directas de la quita de subsidios y el mega-tarifazo eléctrico vigente desde febrero de 2.017 (sumado al del año 2.016). En tanto, el conocimiento y análisis de este lamentable indicador resulta indispensable a la hora de contabilizar el tendal de “nuevos pobres” que el Macrismo dejará a su paso.
Se estima que el 34 por ciento de los hogares de Argentina padece pobreza energética, como parte de la pobreza general.  En este contexto, los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos y se consideran “pobres energéticos” si la proporción del ingreso disponible que deben destinar para satisfacer los requerimientos de la canasta energética supera el 10 por ciento.  Mientras el poder adquisitivo del salario promedio argentino cae, producto de la grave crisis económica, el aumento en las tarifas energéticas es cada vez mayor. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 500% desde 2016, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según diversos estudios, incluso oficiales  En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 1,4 % en 2015 se ha pasado al 12% en 2017.
Ante el creciente problema de la pobreza energética, el gobierno de Macri y sus ceos, no hacen más que desoír, irresponsablemente el justo reclamo de vastos sectores de la población (organizados y NO) que intentan mitigar sus consecuencias. Mientras países como Bolivia, Ecuador y otros desarrollan políticas integrales de facilidades a las familias que no pueden pagar la luz y el gas necesarios, para garantizar la habitabilidad de su vivienda, como así también para inversores que se instalan en parques industriales.
Les guste o no durante los 12 años del Kirchnerismo, la energía subsidiada (como ocurre en muchos países desarrollados) favoreció  tanto a hogares en condiciones de vulnerabilidad como a micro, pequeñas y medianas empresas, e instituciones que generaron gran cantidad de puestos de trabajo, y ha sido un factor fundamental para generar un círculo virtuoso de la economía que actuó a favor de los ingresos  de los hogares argentinos.
EDELAR SOLO RECAUDAR.
La empresa local EDELAR que se supone, está para garantizar un buen servicio de distribución, es parte corresponsable de esta situación, emitiendo facturas vergonzosas y directamente confiscatorios de los ingresos de los riojanos. Desde marzo del año pasado viene aplicando incrementos progresivos en la tarifa eléctrica, hasta llegar a la  actual situación. Lo lamentable es que los usuarios del servicio se encuentran totalmente desprotegidos, puesto que no hubo una política del gobierno provincial de resolver semejante tarifazo. Además no hubo organismo alguno como la Cámara de Diputados, Concejales, el  Ejecutivo a través del Ministerio de Infraestructura, o el Eucop, que hayan tomado el toro por las astas para aplicar una tarifa razonable y acorde a la situación actual de los ingresos de los hogares riojanos. Tampoco se implementó el cargo de Defensor del Pueblo de La Rioja incluida su infraestructura, función prevista en la constitución provincial. Una posible solución sería retrotraer las tarifas al menos a marzo del año pasado y no aplicar el precio del KW/H de $ 640 al que nos han sometido.
ES NUESTRO DEBER COMO CIUDADANOS
Debemos sumarnos, convocar y ser parte activa de las distintas acciones que se organizan desde los sectores afectados y organizaciones sociales. En este marco exigir a los diputados, una ley anticortes (y no una moratoria de pago) que brinde garantías que los hogares riojanos, no sufrirán la interrupción del servicio debido a la falta de pago, porque resulta imposible abonar una factura que compromete sensiblemente los ingresos, y el derecho a una alimentación digna o que sencillamente son impagables. Hoy la obligación del gobierno provincial y Municipal es que disponga de los organismos desde  el Ministerio de Infraestructura hasta el fiscal de Estado, Defensa del Consumidor del Municipio  para suspender este tarifazo eléctrico definitivamente.
MESA PROVINCIAL DEL FRENTE GRANDE