LA DOCTRINA MACRI: Cómo matar a los niños
La “Doctrina Macri” Dos policías tucumanos asesinaron de un disparo en la nuca a un niño de once años. Que el asesinato haya sido por la espalda y que la víctima no se encontrara huyendo…
Dos policías tucumanos asesinaron de un disparo en la nuca a un niño de once años. Que el asesinato haya sido por la espalda y que la víctima no se encontrara huyendo ni cometiendo ningún delito sino simplemente paseando y –tal como la inmensa mayoría de los ciudadanos, en especial cuando son niños– desarmado, constituyen agravantes muy serios. Pero el que eventualmente hubiera cometido un delito –lo que no ocurrió– no habría sido un atenuante: nadie está autorizado a asesinar y muchísimo menos que nadie, un policía. Se supone que su trabajo consiste exactamente en lo contrario, en impedir los crímenes, de ahí que cuando un policía perpetre un delito, la pena que se le aplique suela –o deba– ser mayor: cuando quien debe cuidar las leyes las viola, la sociedad se encuentra en un grave problema.
“A la muerte del niño –dice Ana Laura Lobo Stegmayer, directora ejecutiva de Andhes, organización de Derechos Humanos que nuclea a abogados y abogadas del noroeste argentino– hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento, y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas”.
¿Tienen responsabilidad las autoridades provinciales en tales hechos y, en especial, en el monstruoso asesinato de un niño? En efecto, tienen una enorme responsabilidad política en tanto los asesinos son funcionarios del estado provincial que ellos conducen, pero esa responsabilidad es previa, no posterior, al delito (excepto en lo atinente a la sanción administrativa), y se relaciona con la selección y formación de sus funcionarios y empleados. En cambio, la responsabilidad de los jueces y fiscales –posterior al hecho– es mayor, en tanto todo delito debe ser sancionado, en especial cuando se trata de un asesinato y en mucha mayor medida cuando el criminal o los criminales son justamente aquellos cuyo trabajo es proteger del crimen a la sociedad, que es al cabo, la que les paga el sueldo.
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